Comentarios sobre la nueva ley de seguridad privada

CNP colorLa nueva Ley 5/2014: naturaleza y fines de la seguridad privada El Boletín Oficial del Estado número 83, de fecha 5 de abril de 2014, publicó la nueva Ley de Seguridad Privada, la Ley 5/2014, de 4 de abril, disposición general que deroga la anterior Ley 23/92. La nueva Ley entró en vigor, tras el periodo de “vacatio legis” de dos meses establecido en su Disposición Transitoria, el día 5 de junio de 2014. La nueva Ley ha venido a culminar una aspiración largamente esperada como era la adaptación de la legislación que regulaba el sector de seguridad privada a los tiempos actuales, teniendo en cuenta que la anterior había quedado superada por la propia realidad y por la inexorable evolución del sector. Para evitar estos inconvenientes de cara al futuro, el nuevo texto legal hace hincapié en el principio de subsidiariedad como técnica legislativa más flexible que permita adaptarse a los cambios que se vayan produciendo sin que sea preciso una reforma con rango legal para ello. La seguridad privada sigue siendo considerada por la nueva Ley una actividad complementaria y subordinada de la seguridad pública que sigue siendo el pilar esencial sobre el que se asienta la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de la comunidad. Pero, tal como explica su Preámbulo o Exposición de Motivos, la nueva ley deja de poner el acento en el principio de subordinación en favor del principio de complementariedad a través de otros principios que lo integran como son el de cooperación y corresponsabilidad en la prevención y persecución de conductas que atenten contra los derechos de las personas o que supongan un riesgo para la seguridad colectiva. Por tanto, se reconoce, como no podía ser de otra manera, la preeminencia de la seguridad pública cuya responsabilidad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las cuales, en virtud del mandato constitucional contenido en el Art. 104 de la Constitución (CE), tienen como misión esencial la de garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Pero, al mismo tiempo, se pretende avanzar en la integración funcional de la seguridad privada dentro del sistema de seguridad pública aprovechando el potencial humano, de recursos y, sobre todo, de la información que se genera en el sector y en los servicios que presta el personal de seguridad, la mayoría de las veces en instalaciones y lugares esenciales con relación directa con servicios públicos vitales para los ciudadanos. Un aspecto novedoso e importante de la nueva Ley son las definiciones o interpretaciones legales que el propio texto contiene sobre los diferentes conceptos que la Ley maneja. Y así define la seguridad privada como aquel conjunto de actividades y servicios que los usuarios puedan adoptar, de forma obligatoria o voluntaria, para hacer frente a actos deliberados – por Ej. Actos delictivos- o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades; añadiendo que la finalidad de la seguridad privada no sólo es la de satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información – a través de la labor reconocida a los Detectives Privados- de los usuarios que contraten servicios de esta naturaleza, sino también la de contribuir a garantizar la seguridad pública, complementado el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, en cuyo sistema está integrado funcionalmente, como “un recurso externo de la seguridad pública” (Art. 4 de la Ley). 2. Actividades de seguridad de las empresas de seguridad Respecto a las actividades que las empresas de seguridad privada pueden asumir el Art. 5 de la nueva Ley, al igual que la anterior, señala de forma específica las mismas con la novedad de que deja fuera de su ámbito de aplicación la actividad de planificación y asesoramiento en materia de seguridad. Por tanto, ahora, las empresas de seguridad únicamente pueden desempeñar las actividades siguientes:

• La Vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos públicos o Privados, y las personas que se encuentren en los mismos.

• La protección de personas, incluidas Autoridades.

• El depósito de bienes valiosos (dinero, obras de arte, etc.).

• El depósito y custodia de explosivos o mercancías peligrosas.

• El transporte y distribución de los objetos referidos.

• La instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a Centrales de Alarma o Centros de Control o Videovigilancia. (como es sabido, desde la entrada en News ADSI Flash nº 411 – 21 de febrero de 2016 9 vigor de la Ley 25/2009, la instalación de sistemas de seguridad sin conexión a Central de Alarmas o Centro de Control no es una actividad sometida a la Ley de Seguridad Privada; y si una instalación de éste tipo la realiza una empresa de seguridad autorizada para esta actividad no queda sometida a la legislación de seguridad privada en la prestación de éste servicio).

• Y, la Explotación de Centrales de Alarma. La investigación privada, que es otra actividad sometida a la Ley, solamente la pueden realizar los despachos de Detectives Privados. Otra novedad de la nueva Ley, en relación a la anterior legislación, lo constituyen las denominadas “actividades compatibles”, que si bien se establece que quedan fueran de su ámbito de aplicación, a diferencia de lo que ocurría en la Ley ahora derogada, éstas actividades puedan ser desempeñadas por las empresas de seguridad junto con las propias de seguridad que tengan autorizadas. Debemos recordar que la anterior Ley 23/92, en su Disposición Adicional Tercera, y el Reglamento en la Disposición Adicional Primera, excluía del ámbito de aplicación de la Ley una serie de actividades (información de accesos, recepción de visitantes, mantenimiento de instalaciones, etc.) que dieron lugar a la aparición de las denominadas “empresas de servicios”, actividades o servicios que las empresas de seguridad no podían prestar directamente. Ahora, la nueva Ley, en su Art. 6, detalla las actividades compatibles que las empresas de seguridad pueden incluir, de forma complementaria o accesoria, en los servicios que presten a sus clientes y que, por tanto, también pueden desarrollar su personal de seguridad. Entre estas actividades se incluyen las anteriormente excluidas, es decir, el control de accesos, la apertura y cierre de puertas, la recepción y comprobación de visitantes y de documentos o carnés privados, la comprobación y control del funcionamiento de las instalaciones, etc. Es decir que las empresas de seguridad pueden realizar ahora estas actividades compatibles, siempre de manera complementaria con la de seguridad, y ello va a suponer, en consecuencia, una ampliación de los posibles servicios que éstas puedan ofrecer a sus clientes. De forma correlativa se amplían las funciones de los Vigilantes de Seguridad en la prestación del servicio más allá de las estrictas de seguridad que tienen encomendadas legalmente. En efecto el Art. 32 de la nueva Ley ya no establece, como hacía el Art. 11 de la Ley anterior, que los Vigilantes de Seguridad “sólo” desempeñaran las funciones de seguridad que establecía, lo que, a su vez, implicaba una incompatibilidad material y funcional para desempeñar otras que no fueran las propias de seguridad, – salvo aquellas que por aplicación del Art. 70, 1º-párrafo segundo, consistieran en “ actividades complementarias, directamente relacionadas con aquella e imprescindibles para su efectividad”-. Ahora se establece que los Vigilantes de Seguridad desempeñarán las funciones propias de seguridad pero además podrán desempeñar, simultáneamente, las llamadas actividades compatibles, antes atribuidas a los llamados Auxiliares de las empresas de servicios. Por tanto, aunque la nueva ley sigue insistiendo en que los Vigilantes de Seguridad no pueden simultanear las funciones de seguridad con otras no directamente relacionadas con éstas, en la práctica sus funciones quedan ampliadas en base a estas actividades compatibles, -se entiende que con la función de seguridad propia de su cargo-. Al propio tiempo, la ley parece asumir, de hecho, la figura del “auxiliar”, al que denomina “personal no habilitado”, los cuales pueden desempeñar las actividades compatibles, pero “en ningún caso pueden ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal”. Dentro de esas actividades compatibles, que pueden ser desempeñadas por empresas de seguridad y por otras que no lo sean, están las de seguridad informática, que se define como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma. No obstante, como dispone el artículo 6.6 de la Ley, a estas empresas, sean o no de seguridad, por su directa incidencia en la seguridad de las entidades públicas o privadas, por vía reglamentaria, se les podrán imponer determinados requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que presten. También se declara como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad, la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, -antes era propia de las empresas de seguridad-, en base a las directrices europeas de liberalización de prestación de determinados servicios y para reducir las restricciones a la libre competencia y a que su relación con la seguridad pública no es directa. Por tanto, los servicios de consultoría en materia de seguridad dejan de ser exclusivos de las empresas de seguridad pasando a ser una actividad excluida del ámbito de aplicación de la nueva Ley. De hecho las empresas de seguridad que tengan autorizada ésta actividad, además de otras propias de las empresas de seguridad, en el momento de entrada en vigor de la ley, La Dirección General de la Policía procederá a cancelar de oficio la actividad de planificación y asesoramiento; y aquellas que sólo tuvieran autorización para ésta dispondrán de un plazo de tres meses para solicitar autorización para otra actividad de seguridad para seguir inscritas como Empresas de Seguridad y si, en el citado plazo, no lo hicieren el Ministerio del Interior procederá a darla de baja como empresa de seguridad y a cancelar su inscripción en el nuevo Registro Nacional de Empresas de Seguridad. Por último, también quedan al margen de la ley, las denominadas “actuaciones de autoprotección” (Art. 7),  que la propia Ley considera que son aquellas cautelas o diligencias que se puedan adoptar directamente por los interesados – empresas o no- estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial y que no impliquen contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros. No obstante, si el interesado tiene la consideración de empresa o entidad de cualquier tipo no pueden utilizar, en ningún caso, a sus empleados para realizar funciones propias de las empresas de seguridad y del personal de seguridad. Y, también, la captación u obtención de información o datos por uno mismo o la contratación de servicios “de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público”. Es de señalar que esta nueva exclusión de la aplicación de la legislación de seguridad privada en relación con la obtención de información libre podría suponer la aparición de nuevo de la actividad desempeñada por los anteriormente denominados “informadores comerciales o investigadores mercantiles” pues, según el nuevo texto legal, un particular puede contratar los servicios de terceros que le faciliten información o datos, incluidos los de otra persona o empresa, siempre que los datos sean obtenidos de una fuente o registro de acceso público o, lo que es lo mismo, que no esté sometida a las restricciones que impone la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter personal. Como es lógico, en todo caso, tal función podrá seguir siendo desempeñada por los Detectives Privados únicos profesionales legitimados para investigar conductas y hechos privados por encargo de persona legitimada. 3. Presencia de la seguridad privada en los espacios públicos. La nueva Ley cambia el paradigma de las relaciones entre la seguridad pública y la seguridad privada y los espacios reservados a cada una. Si la anterior se basaba en la preferencia indiscutible de la seguridad pública en los espacios públicos y en la consideración de la seguridad privada como una actividad complementaria y, desde luego, subordinada de aquella que quedaba limitada, en sus comienzos, a realizar lo que algunos han convenido en llamar, “una seguridad corporativa”, ahora el modelo evoluciona en los términos que seguidamente se exponen. En cualquier caso, la seguridad privada estaba, y está, obligada a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad facilitándoles toda aquella información que se genere y que sea de interés para la seguridad de los ciudadanos, a denunciar todo hecho delictivo de que tuvieran conocimiento y a seguir las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fueran requeridos para ello, obligación que afecta tanto las empresas como al personal de seguridad. Dentro de ese marco de colaboración, la nueva Ley prevé la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan facilitar al personal de seguridad informaciones que faciliten la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de seguridad y protección necesarias (Art. 14.3), obligando además a los poderes públicos a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la coordinación de los servicios públicos y privados de seguridad, incluyendo a las denominadas Comisiones Mixtas de Coordinación existentes en la anterior legislación. De acuerdo con el modelo anterior, el servicio del personal de seguridad era fundamentalmente “en el interior de los inmuebles de cuya seguridad estuvieran encargados” y sólo en los casos excepcionales que señala el actual Reglamento de Seguridad Privada en su Art. 79, el personal de seguridad podía prestar servicio en las vías públicas. Ahora, como se explica en el Preámbulo de la nueva Ley, se da un paso más en ese principio de complementariedad y considera que la seguridad privada está llamada a desempeñar una labor de cooperación y de corresponsabilidad con la pretensión de intentar potenciar su colaboración con la seguridad pública. En este orden de cosas, la seguridad privada pasa a ser, textualmente, un recurso externo de la seguridad pública a cuyo servicio debe poner sus potencialidades y recursos, ya que uno de sus objetivos será contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos (Art. 4 de la Ley) como una parte integrante del sistema de seguridad pública. Ese cambio se traduce en que las actividades de seguridad privada no sólo se van a poder desarrollar, con carácter preferente, en el interior de las instalaciones de entidades públicas y privadas para prevenir y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, y en la vía pública los servicios que por su especial naturaleza necesariamente tienen lugar en la misma (transportes, acudas, escoltas, etc.), sino que ahora se añade que el personal de seguridad, en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y cuando así se decida por el Órgano competente, podrá prestar servicio perimetral – se entiende que interior o exterior, según las necesidades y circunstancias- en centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y en otros edificios o instalaciones públicas, y también podrán participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementado la acción policial. Además también podrán prestar servicio, previa autorización administrativa específica, (Art. 41 de la Ley) en los polígonos y urbanizaciones y en sus vías de uso común – por fin se modifica el Art. 80 del Reglamento de Seguridad Privada, que impedía autorizar el servicio si había vías de uso común- , en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados, y, en general, la vigilancia y protección de recintos o espacios abiertos que se encuentren delimitados, y la vigilancia de acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir que, a partir de ahora, la seguridad privada podrá estar presente en espacios públicos, en las condiciones y circunstancias que señala la propia Ley, dando una nueva dimensión a su papel, lógico por otra parte, y que era necesario en los tiempos actuales dado que la rigidez de la normativa anterior dificultaba o impedía autorizar  determinados servicios (como por Ej. los servicios en polígonos y urbanizaciones). Esta flexibilidad, en definitiva, no sólo va a redundar en un mejor servicio al ciudadano y en una mayor garantía de su seguridad, sino que también supondrá un refuerzo y un apoyo para la seguridad ciudadana. Por ello, en nuestra opinión, son desproporcionados y no ajustados a la realidad los comentarios y opiniones habidas sobre que ello suponía una “privatización” de la seguridad, o una dejación de funciones por parte de la seguridad pública como servicio público. La seguridad de los ciudadanos sigue siendo un servicio público universal, asentado en un sistema de seguridad pública, en el que participa, de manera muy importante, la seguridad privada. 4. Protección jurídica del personal de seguridad En relación a la prestación de sus funciones profesionales el personal de seguridad goza, ahora, según el repetido Preámbulo de la Ley, de la protección jurídica de agente de la Autoridad, considerándose agresiones o desobediencia a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad cuando debidamente identificado se halle ejerciendo su actividad profesional, pero cuando “desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” (Art. 31). Como se expone a continuación la reforma no ha sido tal y, según nuestro criterio, no introduce mejora alguna. Esta protección jurídico-penal pretende dar respuesta a una reiterada reivindicación de los profesionales de la seguridad privada y tiene una lógica evidente si tenemos en cuenta que el personal de seguridad, especialmente las categorías operativas como son la de Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos, Escolta Privado y Guarda Rural – la nueva Ley cambia la denominación de la anterior figura del Guarda Particular del Campo- y sus especialidades, cuando se encuentren desempeñando sus funciones, tienen, en parte, unas obligaciones similares a la que tiene un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos( prevenir la comisión de delitos o infracciones, realizar controles de identidad y de efectos personales, detener a los delincuentes a los que sorprendan cometiendo un delito en relación al objeto de protección, etc.). En efecto, el Art. 32 de la Ley no sólo obliga a los Vigilantes de Seguridad a detener a los delincuentes sorprendidos en flagrante delito y a denunciar los delitos y las infracciones administrativas de que tenga conocimiento, sino que además su Art. 41 permite que los Vigilantes de Seguridad puedan perseguir, fuera de su lugar de servicio, a delincuentes sorprendidos en flagrante delito en relación al objeto de protección, – El Congreso de los Diputados aceptó la enmienda del Senado eliminado la frase “… aún cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”-, entre otras. Es decir, que están obligados a prevenir y evitar infracciones delictivas o administrativas y a intervenir cuando ello ocurra como si de un agente de la seguridad pública se tratara, aunque en su caso limitado al lugar del servicio encomendado, con los consiguientes riesgos personales que ello implica. Sin embargo, a la hora de establecerles una protección jurídica adecuada la reforma, como hemos expuesto, no ha añadido nada nuevo. Lo lógico, y lo adecuado, habría sido reconocer la condición de Agente de la Autoridad a todo el personal de seguridad cuando desempeñen funciones de colaboración con la seguridad pública estuvieran, o no, presentes los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En efecto, cuando los Vigilantes de Seguridad practican la detención de un delincuente legalmente están colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque no estén presentes sus Funcionarios, y están dando cumplimiento a un mandato de la Autoridad Pública contenido en la propia Ley y no siguiendo las órdenes de un particular como se ha pretendido justificar por algún grupo parlamentario para negarles esa protección. La nueva redacción de la ley al circunscribir el reconocimiento de la condición de Agente de la Autoridad a aquellos supuestos en los que el personal de seguridad preste servicios “en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha venido a restringir dicho carácter al personal que preste servicio en dispositivos conjuntos o servicios en los que haya presencia de agentes de la Policía, o cuando el personal de seguridad actúe cumpliendo órdenes expresas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El contenido de la norma, en realidad, no introduce ninguna innovación o mejora puesto que la legislación vigente ya lo establecía y permite entenderlo así en base a lo establecido en el Código Penal e incluso teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo Código Penal, tras su reforma por Ley Orgánica 1/2015, en sus artículos 554 y 556, califica de atentado y de delito de resistencia o desobediencia grave, los cometidos contra “ el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Por tanto la reforma, en este punto, no es tal y lo aconsejable hubiera sido reconocer tal condición al personal de seguridad cuando realizara actuaciones “policiales” en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales porque, en definitiva, si es la propia Ley la que les impone la obligación de intervenir cuando en el lugar de servicio se comete un delito lo correcto hubiera sido que la misma Ley les dé la protección jurídico-penal adecuada, puesto que, en estos casos, estarían actuando como un “policía” en un ámbito privado, cumpliendo, como hemos señalado, un mandato de la Autoridad Pública, obligación a la que deben dar cumplimiento incluso al margen de las órdenes o instrucciones que el dueño o responsable de la instalación pudiera haberles impartido, pues estarían dando cumplimiento a una obligación pública, cumpliendo una función de interés público, de interés para la sociedad. En definitiva, teniendo en cuenta que la Ley les está imponiendo unas obligaciones de intervenir por el bien de la seguridad pública y que, por tanto, están desempeñando una labor de interés para la comunidad y, como es evidente, con riesgo para su integridad física e incluso para su vida, como lamentablemente ha ocurrido, lo correcto, lo justo y lo coherente es que se les hubiera reconocido una protección legal mínima a través de la figura de agente de la autoridad lo cual, además, habría redundado en una mayor consideración pública de su labor. En este sentido, y como consecuencia de ello, son difíciles de entender las posturas y las voces en contra de ese reconocimiento, máxime si se tiene en cuenta que ahora el personal de seguridad va a tener responsabilidades en espacios públicos antes reservados en exclusiva a la seguridad pública. 5. Servicios armados En cuanto a la protección material de los profesionales de seguridad privada, sin perjuicio de lo que pueda prever el futuro Reglamento de Seguridad Privada, – de momento el actual continúa vigente en todo aquello que no se oponga a las previsiones legales-, en nuestra opinión, la regulación legal de los medios de defensa, especialmente de los servicios que deben prestarse armados, continúa siendo tímida. En efecto, aunque la Ley parece ampliar los supuestos de servicios obligatorios con arma (centros penitenciarios y buques mercantes) y deja abiertas otras posibilidades mediante el desarrollo reglamentario como es el caso de la protección de infraestructuras críticas, y debemos recordar que lo son, según las previsiones de la Ley 8/2011, desarrollada por el Real Decreto 704/2011, que aprobó su Reglamento, todas aquellas instalaciones o infraestructuras, especialmente aquellas que gestionen servicios esenciales de la comunidad, que puedan ser objeto de amenazas o ataques terroristas, instalaciones que, en todo caso, deben estar incluidas en el Catalogo Nacional. Lo cierto es que continúa enfocándose el tema de manera restrictiva, ya que persiste en dejar en manos del cliente la iniciativa para que el servicio sea armado (se entiende que debido a que es quién debe correr con los gastos del servicio), sin perjuicio de la preceptiva autorización administrativa, previo informe favorable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (la Policía y la Guardia Civil para dar su visto favorable, en su caso, al armero o armeros para el depósito de las armas), que debe tener en cuenta los criterios del nuevo Art. 40.2 de la nueva Ley, – recoge los mismos que el artículo 81 del Reglamento del Reglamento de Seguridad Privada-. Nuestra opinión es que, en ningún momento se han tenido, o se tienen, en cuenta de manera expresa los riesgos que pueda correr el Vigilante de Seguridad cuya seguridad personal debería ser el valor prioritario a proteger y no el mayor o menor coste del servicio, dadas las especiales obligaciones que le impone la Ley. Por tanto el futuro Reglamento de Seguridad Privada debería ampliar los supuestos en los que debe ser obligatorio, por disposición expresa de la ley, que el servicio sea prestado con arma de fuego, para evitar que finalmente todos los servicios sean sin arma por el menor coste que le supone al cliente, particular o público, que contrate los servicios de seguridad e incluso para la propia empresa de seguridad. 6. La videovigilancia en la nueva Ley Por primera vez, se recoge en una norma con rango de Ley, la videovigilancia por razones de seguridad privada. Como es sabido, la videovigilancia por razones de seguridad pública está regulada por la Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto, desarrollada por el Real Decreto 596/99, que aprobó su Reglamento, donde se establece el procedimiento legal para el uso legítimo de videocámaras, fijas o móviles, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. No obstante, hasta ahora, la norma positiva de referencia que establecía los criterios de la videovigilancia por razones de seguridad privada estaba constituida por la Instrucción 1/2006, de la Agencia Española de Protección de Datos que, en base a la consideración de que las imágenes constituyen un dato personal, somete el uso de las cámaras de videovigilancia a la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter personal y a su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007. Ahora la nueva Ley de Seguridad Privada pretende dar respuesta a una necesidad jurídica, entre otras cosas porque la propia Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/97 ordenaba al Gobierno elaborar, en el plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la propia Ley al ámbito de la seguridad privada. El nuevo texto legal contiene una muy escueta regulación por cuanto únicamente dedica el artículo 42 a los que denomina “servicios de videovigilancia”, aunque en lo no previsto se remite a la normativa de protección de datos y a la legislación sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los principios que, en todo caso, rigen el uso de cámaras, o “de cualquier otro medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas”, como afirma la Ley, son los que rigen para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los que tienen establecidos las normas de la Agencia de Protección de datos, es decir el de intervención mínima, el de idoneidad y el de proporcionalidad para ser respetuosos con los derechos fundamentales de la persona, fundamentalmente los contenidos en el Art. 18 de la Constitución ( derecho al honor, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y el derecho a la protección de datos). Por lo demás, no ha habido cambios significativos en su regulación y la norma sigue prohibiendo que las cámaras de videovigilancia por razones de seguridad privada graben espacios públicos, aunque permite las fijas y las móviles, y que las instaladas en los domicilios de las personas requieran, como es lógico, el consentimiento expreso de su titular. En todo caso, el uso de estos sistemas cuando su finalidad sea la de prevenir infracciones o evitar daños a las personas o a los bienes o impedir accesos no autorizados necesariamente deben ser gestionados por Vigilantes de Seguridad o, en su caso, por los guardias rurales si su uso tiene lugar en su ámbito territorial y funcional de actividad. La propia norma especifica que no tienen la consideración de servicio de videovigilancia y, por tanto, no constituye un sistema de seguridad que deba ser gestionado por Vigilantes de Seguridad “la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada”. Este apartado supone que la Ley introduce una diferente consideración de los sistemas de videocámaras por razones de seguridad, de las que pueden establecerse con otra finalidad diferente. En este caso, las cámaras pueden ser gestionadas por personas distintas a las de seguridad privada. 7. Personal acreditado En relación a la gestión de las alarmas, que incluye la recepción, verificación y, en su caso, la respuesta y la transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, la actividad que realiza una empresa de seguridad Central de Alarmas o una Central de Alarmas de uso propio, si bien inicialmente el proyecto pretendía atribuir ésta función a los Vigilantes de Seguridad, -además de encomendarles la posible respuesta personal de las alarmas, mediante el denominado servicio de “acuda” o verificación personal, que también podrá efectuarse por guardas rurales, la redacción final del Art.47-, se sigue reservando la atención de los Centro de Control de la Central de Alarmas a los “ operadores de Seguridad”, a los que también le son de aplicación las previsiones la Ley de Seguridad privada ( Art. 3), así como su régimen sancionador. Es decir que la nueva Ley dispone que la gestión de las alarmas en las empresas de seguridad que explotan Central de Alarmas debe ser realizada por “operadores de seguridad”, considerados como “personal acreditado”, – no personal de seguridad-, junto con los profesores de los centros de formación y los ingenieros y técnicos de las empresas instaladoras de sistemas. Reglamentariamente, habrá que determinar los requisitos y procedimiento para acreditar este tipo de personal, al igual que los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad (Art. 19.1 c de la Ley). No obstante la propia Ley, en su Disposición Transitoria Segunda y Tercera, establece que aquellos operadores que al tiempo de entrada en vigor de la Ley estuviesen desempeñando su actividad en las Centrales de Alarma, o en empresas de seguridad, podrán seguir desempeñándola sin necesidad de obtener ninguna otra acreditación. Es decir que los operadores con que cuenten las Centrales de Alarma, en ese momento, podrán continuar desempeñando su labor de forma indefinida. La labor de atención de los Centros de Control de las Centrales de Alarma, a tenor de lo establecido en el Art. 32, también puede ser desempeñada por los Vigilantes de Seguridad. 8. Nuevas exigencias para los Detectives Privados Otras novedades que ser observan en la Ley, además de los avances que suponen las nuevas exigencias de formación del personal de seguridad, y las diferentes alternativas que se reconocen para obtener las respetivas acreditaciones (por Ej. para Jefe y Director de Seguridad, en la posesión de Grado en seguridad o del Diploma Universitario del Curso de Dirección de Seguridad reconocido por la Secretaría de Estado de Seguridad a estos efectos), son las referidas a los Detectives Privados a los que la nueva Ley les impone una serie de exigencias que, aunque algunas de ellas venían o deberían venir impuestas por la propia lógica del respeto a los derechos de los usuarios y las previsiones que debe tener un profesional ante su posible responsabilidad respecto a terceros a resultas del ejercicio de una profesión que afecta a sus derechos fundamentales ( por Ej. Una póliza de seguro), son ciertamente novedosas y así la nueva Ley parte por distinguir, como ya venía ocurriendo en los últimos tiempos, entre la habilitación previa como Detective Privado, la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional, y el ejercicio profesional mediante la apertura de un Despacho profesional, ya sea por una persona física o por una persona jurídica, mediante la creación y constitución de alguno de los tipos de sociedad mercantil o laboral que deberá, en todo caso, ser constituida exclusivamente por Detectives habilitados. La autorización de apertura del Despacho, mediante su inscripción en el registro de nueva creación el Registro Nacional de Seguridad Privada, – o en el Registro de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso se entiende que su actividad profesional se va a limitar al territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente- queda supeditado a que el interesado presente la correspondiente declaración responsable ( la denominada declaración responsable y la comunicación previa son figuras introducidas por la Ley 25/2009, que añadió el Art. 71 bis a la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y supone, la primera, que es aquel documento presentado por el interesado en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y de que dispone de la documentación que así lo acredita, lo cual permite el inicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública), y a que, en todo caso, reúna los requisitos que señala el propio artículo 24 de la Ley. Entre los requisitos se encuentra el de disponer de una sede física, donde llevará el Libro-Registro y tendrá un archivo con los expedientes e informes; debe suscribir un contrato de seguro en la cuantía que se determine reglamentariamente; constituir un aval o garantía para responder de las posibles sanciones ante las autoridades competentes en materia sancionadora con arreglo a la ley de seguridad privada – la anterior ley sólo exigía esta garantía a las empresas de seguridad-, y, por último, al igual que se venía exigiendo a las empresas de seguridad con carácter general, los despachos de los Detectives Privados deben contar con unas determinadas medidas de seguridad que estarán determinadas en el Reglamento que desarrolle la Ley que comentamos. Respecto a las obligaciones del Detective Privado la Ley añade algunas nuevas y otras que en la anterior normativa se deducían del texto legal pero que ahora se hacen constar de forma expresa, con la pretensión de desterrar algunas ambigüedades que presentada la anterior regulación y sobre las que habían tenido la oportunidad de pronunciarse los Tribunales de Justicia, incluido el Tribunal Supremo, como por ej. La obligación de conservar los informes que realicen de sus investigaciones a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y de la Autoridad Judicial. Aunque ello ha sido interpretado, por algún sector, como una manera de reforzar el control administrativo de la actividad de investigación privada, que también, lo cierto es que muchas de las obligaciones ahora establecidas de forma clara y expresa no dejan de constituir, asimismo, una garantía no sólo para el propio profesional sino también para los clientes e incluso para las personas investigadas por los Detectives Privados ya que refuerza la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas o interesadas. En efecto, ahora el Detective Privado debe formalizar un contrato por cada servicio que le contraten, contratos que al igual que los de las empresas de seguridad deben comunicarse al Ministerio del Interior u órgano autonómico competente, incluido la posible subcontratación entre despachos. Correlativamente, por cada servicio contratado tienen que elaborar un informe en el que debe figurar el número de registro asignado al asunto en el Libro-Registro oficial. En el informe únicamente debe hacer constar la información relacionada directamente con el asunto investigado sin incluir otros datos personales del cliente y del sujeto investigado que no guarden relación directa con el interés legítimo de la investigación. Precisamente, aunque en la anterior legislación no lo decía expresamente pero que era deducible de la propia naturaleza de las funciones atribuidas a los Detectives Privados, ahora se exige de forma expresa que para que el Detective acepte el encargo, el cliente debe acreditar, por algún medio admitido en derecho, un interés legítimo en relación a la persona investigada, debiendo el Detective dejar constancia de ello en el expediente de contratación e investigación que se abra. La Ley no dice qué debemos entender por “interés legítimo” pero, en nuestra opinión, por este concepto jurídico indeterminado debe entenderse cualquier interés personal o patrimonial derivado de una relación previa (personal, profesional, mercantil, etc.) entre el cliente y el investigado, lo cual permite descartar que el encargo de investigación obedezca a motivos espurios que puedan comprometer la propia profesionalidad, legalidad de su actuación e incluso la seguridad personal y patrimonial del Detective Privado. Además, la Ley obliga a los Despachos de Detectives a mantener un archivo con los expedientes, los informes y el material gráfico de imágenes o sonidos de la investigación, por un tiempo mínimo de tres años, salvo que sean de interés policial o judicial, en cuyo caso deben conservarlos a disposición de las Autoridades correspondientes. Y a entregar al cliente el informe y mantenerle informado de las incidencias del asunto y a colaborar con la Autoridad Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sean requeridos, sin perjuicio del deber de reserva, incluyendo, finalmente, la posible ratificación en sede judicial de los informes emitidos. Si el Detective Privado cierra el despacho profesional, según la nueva ley, debe entregar toda la documentación del despacho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Art. 65.2 del Reglamento de Seguridad Privada, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley, sólo obligaba a depositar la documentación en caso de pérdida de habilitación, salvo que la actividad fuera continuada por otro Detective. Por último la nueva norma, en su artículo 48, establece las funciones que el Detective Privado puede realizar, – básicamente son las mismas que antes-, es decir la de realizar averiguaciones para obtener información y pruebas sobre conductas o hechos privados, sean éstos del ámbito personal, económico o laboral, salvo la que desarrolle en ámbitos de privacidad ( domicilio, lugares reservados o cualquier otro donde se desarrollen aspectos íntimos de las personas), protegidos por el artículo 18 de la Constitución, ni, en consecuencia, utilizar medios técnicos o materiales que atenten contra los derechos fundamentales protegidos por nuestra Ley Fundamental, es decir, como he señalado, el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen o secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. Pueden también investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte legítima en el proceso penal, teniendo prohibido expresamente, como en la legislación anterior, la investigación de delitos públicos o perseguibles de oficio. En el supuesto de detectar una infracción penal de éste tipo en el curso de sus investigaciones deben ponerlo inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La novedad, en cuando a sus funciones, es que si antes podían “vigilar” determinados espacios públicos ( ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos, incluyendo grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia”) ahora deben limitarse a “obtener información” en los mismos ámbitos para asegurar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en los mismos. 9. Régimen de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas En otro orden de cosas, también es destacable el hecho de que la nueva Ley delimite expresamente las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas en la materia. En contra de los que auguraban una recuperación o recentralización de competencias en favor del Estado, en detrimento de las que tenían las Comunidades Autónomas, especialmente la Comunidad de Cataluña, lo cierto es que el reparto competencial sigue siendo el mismo partiendo del hecho de que éstas asumen las que se detallan en el texto en ejecución de la legislación que corresponde al Estado. Por tanto, continúan teniendo competencia, siempre de acuerdo con lo que establezcan sus respectivos Estatutos de Autonomía, sobre las empresas autonómicas de su ámbito territorial, despachos de detectives que limiten su actuación al mismo, competencia para autorizar los servicios que se presten en la Comunidad, entre otras; y mantienen la competencia de inspección y sanción las actividades que se presten en su territorio, salvo que aquellas Comunidades que no tengan Policía propia si quieren asumir las competencias ejecutivas que en la materia les reconozcan sus respectivos Estatutos de Autonomía deben establecer acuerdos de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía limitándose, en este caso, a las empresas autonómicas y a la denuncia de las infracciones que puedan cometer éstas en el ejercicio de su actividad. 10. Ámbito de aplicación del Régimen sancionador El Título VI de la nueva Ley, regula el régimen sancionador clasificando las posibles infracciones en leves, graves o muy graves. En su Art. 56, eleva el plazo de prescripción de las leves a los seis meses (antes era de dos meses); las restantes, continúan prescribiendo al año y a los dos años, respectivamente. La novedad principal, además de una nueva clasificación de los tipos de infracción, dando cobertura legal a algunos tipos previstos anteriormente en el reglamento y que habían sido declarados nulos precisamente por incumplir el principio de legalidad – por ej. No realizar los cursos de reciclaje por parte de las empresas de seguridad, que aparece tipificada como falta grave-, y del aumento de la gravedad de algunas infracciones que han pasado de leves a graves (como por Ej. carecer de libros registro, abrir delegaciones sin autorización, etc.); es el hecho de que el régimen sancionador no sólo se aplica a las empresas de seguridad, al personal de seguridad, incluidos los detectives privados, sino también a los ingenieros, técnicos y profesores de seguridad privada, además de a los usuarios de servicios de seguridad, y los centros de formación de seguridad privada. Además se elevan las cuantías de las multas, especialmente el caso de las faltas leves pudiendo adoptarse por la Autoridad competente para dictar la resolución sancionadora, como en la Ley anterior, otro tipo de medidas sancionadoras como suspensión o extinción de la actividad o habilitación, o el cierre del centro de Formación con la prohibición de apertura por un plazo de uno a dos años. Por otra parte, el nuevo texto legal, establece qué autoridades administrativas son las encargadas del control administrativo de las actividades de seguridad privada, el procedimiento de inspección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, disponiendo expresamente la obligación específica que tienen las empresas de seguridad, los despachos de detectives, el personal de seguridad privada, los establecimientos obligados, los centros de formación y los usuarios de servicios de seguridad de facilitar el acceso a las instalaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y las informaciones contenidas en los contratos e informes de investigación y en los libros registro, en los casos y en la forma que se determine reglamentariamente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma excepcional, pueden adoptar como antes una serie de medidas provisionalísimas (ocupación o precinto de armas o material peligroso para las personas o bienes, suspensión de servicios, cese de la actividad de un centro docente, retirada de la tarjeta de identidad profesional, etc.). La duración de éstas medidas no puede exceder de seis meses y, en todo caso, deben ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de quince días por la autoridad competente para adoptar la resolución de apertura de un procedimiento sancionador. Las medidas quedarán sin efecto si en ese plazo no se inicia el procedimiento sancionar o cuando el acuerdo de inicio no se pronuncie sobre tales medidas. La Autoridad competente para acordar la incoación del procedimiento puede adoptar alguna o algunas de las citadas medidas en calidad de medidas cautelares para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago o cumplimiento de la sanción. 11. Plazos de adecuación a la nueva Ley Por último, señalar que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley que comentamos establece unos plazos de adecuación a la nueva normativa, computados a partir de su entrada en vigor: Dos años para los nuevos requisitos exigidos a las empresas y despachos de detectives y sus sucursales; diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados. Y un año para obtener la certificación a que se refiere el Art. 19.4 ( certificación que deben tener las empresas emitida por una Entidad de Certificación acreditada para poder prestar servicios en sectores estratégicos definidos por la legislación de infraestructuras críticas, conforme está al corriente de sus obligaciones fiscales, sociales y laborales). La Ley, como hemos señalado, entró en vigor el 5 de junio de 2014, tras haber transcurrido los dos meses establecidos en su Disposición Adicional Cuarta desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado, quedando pendiente su desarrollo reglamentario. Hasta que eso no ocurra, el actual Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2364/94, y el resto de la normativa de desarrollo, mantendrán su vigencia en todo aquello que no contravenga lo establecido en la nueva Ley.

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