Catástrofes, emergencias, ciudades resilientes y la nueva Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil

 

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Acaba de publicarse la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se analiza ésta como el instrumento de la política de seguridad pública, que no es sino el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

En el preámbulo, que suele ser una parte muy interesante y raramente leída de las leyes y, posteriormente con contenido de la misma, me vienen a la cabeza varios conceptos: resiliencia, gestión de crisis y emergencias, continuidad del negocio, seguridad de la información, gestión del riesgo y Smart cities (como poco).
Quizás, venir del mundo de la seguridad y salud y la gestión del riesgo me tenga un poco sesgada. El caso es que, hay un movimiento mundial en torno a la gestión del riesgo, las catástrofes, las emergencias y la resiliencia de las personas, ciudades y empresas; y España no se queda atrás.

Haciendo un brevísimo repaso internacional sobre el tema, cabe destacar la nueva línea de trabajo de las Naciones Unidas, a través de su Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) y el recientemente publicado Nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030, que se adoptó en la Conferencia Mundial para la Reducción de Riesgos de Naciones Unidas de marzo de 2015.

También, otros organismos internacionales como ISO (Organización Internacional de Estandarización), a través de la creación de su reciente Comité Internacional ISO/TC 292 “Security and Resilience” con el objetivo de dar una cobertura integral a la seguridad: seguridad nacional, resiliencia, gestión de emergencias, fraude, continuidad del negocio, servicios de seguridad y cadena de suministro; o nacionales, como AENOR, que constituyó hace un par de años el Comité Técnico de Normalización 178 “Ciudades Inteligentes”, que está ayudando a unificar conceptos y a generar estándares para este novedoso mundo de las Smart Cities y las Ciudades Resilientes; están contribuyendo de manera decisiva hacia la previsión, organización, desarrollo y control de los riesgos que acechan a los ciudadanos de manera continua y sistemática.

Volviendo a nuestro desarrollo legislativo, cada día se dan más pasos en la buena dirección. Con la publicación, entre otros, del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, se comenzó una andadura a través de la gestión de riesgos a nivel macro, desde todos los puntos de vista y a todos los niveles. Quizás los últimos desastres naturales y atentados han propiciado y acelerado esta creciente preocupación por gestionar los riesgos, garantizar la continuidad de la vida de las personas y las organizaciones con cierta normalidad y hacer resiliente a todo y a todos.

En la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, se señala el derecho a la protección de todos los ciudadanos en caso de catástrofe, a la información y a la participación, pero también cita nuestro deber de colaborar personal y materialmente en caso de requerimiento de la autoridad competente. Por supuesto, también incluye en este deber los servicios de vigilancia y protección frente a los riesgos de emergencias de las empresas públicas y privadas.

Pero lo más destacable es el enfoque de las actuaciones que tiene asignadas. Así, en el Título II, empieza en su artículo 8 por el concepto de Anticipación, es decir, la determinación de los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprendiendo los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. El siguiente paso lógico es la Prevención de los riesgos con medidas y acciones destinadas a evitar y/o mitigar los posibles impactos adversos de dichos riesgos y amenazas de emergencia.

Tras la prevención llega la Planificación a través de la Norma Básica de Protección Civil y las Planes: Estatal General, Territoriales, Especiales y de Autoprotección.

Continúa con la Respuesta inmediata a las emergencias en el artículo 16 y finaliza en el Capítulo V con la Fase de Recuperación dirigida al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada. Por supuesto, lleva finalmente el consabido Título de régimen sancionador.

Quizás, la parte que más dudas me genera en su aplicación es la parte de las Competencias de los órganos de la Administración General del Estado y el Título V de Cooperación y Coordinación. Por desgracia, en algunas catástrofes y crisis ya vividas en España, como es el tema de los incendios estivales, tan populares en estas fechas, hemos visto como este punto flaquea por egos mal entendidos de políticos y responsables que, en vez de pensar en las vidas y bienes que se van a salvar, piensan en no parecer débiles ante la opinión pública.

Egos aparte, espero que con esta Ley y el apoyo de otras instituciones y organismos como los citados al principio, se aúnen esfuerzos que vayan en pro de la seguridad y la vida, en las mejores condiciones posibles, de los ciudadanos. Que una bacteria en el agua no deje sin suministro a una población entera más de 24 horas, que un terremoto o una inundación no dejen a familias sin casa ni trabajo durante años. Para ello, me permito terminar citando los 10 aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes:

1. Establecer la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el riesgo de desastre dentro de los gobiernos locales, con base en la participación de los grupos de ciudadanos y de la sociedad. Velar para que todos los departamentos comprendan su papel y la contribución que pueden hacer a la reducción del riesgo de desastres y a su preparación en caso de estos sucedan.

2. Asignar un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrecer incentivos a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los negocios y el sector público para que inviertan en la reducción de los riesgos que enfrentan.

3. Mantener información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, conducir evaluaciones del riesgo y utilizarlas como base para los planes y las decisiones relativas al desarrollo urbano. Velar para que esta información y los planes para la resiliencia de su ciudad, estén disponibles a todo el público y que se converse acerca de estos propósitos en su totalidad.

4. Invertir y mantener infraestructuras que reduzca el riesgo, tales como desagües para evitar inundaciones y, según sea necesario, ajustarlas de forma tal, que pueda hacer frente al cambio climático.

5. Evaluar la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y mejorarlas cuando sea necesario.

6. Aplicar y hacer cumplir reglamentos de construcción y principios para la planificación del uso del suelo que sean realistas y que cumplan con los aspectos relativos al riesgo. Identificar terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y, cuando sea factible, modernizar los asentamientos informales.

7. Velar por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las comunidades locales.

8. Proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar las inundaciones, las marejadas ciclónicas y otras amenazas a las que su ciudad podría ser vulnerable. Adaptarse al cambio climático recurriendo a buenas prácticas para reducir el riesgo.

9. Instalar sistemas de alerta temprana y desarrollar las capacidades para la gestión de emergencias en su ciudad, y llevar a cabo con regularidad simulacros para la preparación de la población en general, en los cuales participen todos los habitantes.

10. Después de un desastre, velar para que las necesidades de los supervivientes se sitúen en el centro de los esfuerzos de reconstrucción, se les apoye individualmente y también a sus organizaciones comunitarias, para el diseño y la aplicación de respuestas, lo que incluye la reconstrucción de sus hogares y sus medios de sustento.

 

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