Propuesta de prioridades operacionales en la delincuencia en internet

El 23 de mayo de 2016 se seguridad escudoiniciaba este blog con una entrada sobre la delincuencia organizada en internet, redactada a partir del informe 2015 de Europol sobre la valoración de la amenaza que supone este tipo de delincuencia. Cinco meses después, nos hacemos eco de la edición de 2016 de este informe, que esta vez focaliza la atención en la propuesta de prioridades operativas para los cuerpos de seguridad de la Unión Europea, las cuales se centran en cuatro ámbitos de actuación.

El primero es el de los ciberataques, en los que un objetivo global es priorizar las acciones contra los proveedores de servicios y de herramientas que sirven de base a otras áreas de ciberdelincuencia. En especial, destaca como prioridad la persecución de los desarrolladores, vendedores y compradores de cualquier tipo de software malicioso, de los proveedores de servicios de ataques de denegación de servicio [*] o de los servicios que neutralizan los antivirus.

El segundo ámbito son los fraudes en los sistemas de pago. Aquí se diferencian prioridades relacionadas con los pagos presenciales con tarjetas (como los desarrolladores de dispositivos que duplican las tarjetas), los pagos en línea con tarjetas (en el comercio electrónico de los sectores del transporte aéreo, minorista y de alojamiento), y los datos y credenciales financieros comprometidos (como por escape o sustracción de datos).

En cuanto a la explotación sexual de menores en línea, las prioridades se centran en identificar y rescatar a las víctimas y en combatir la transmisión en directo de abusos; la erradicación de grupos que estimulan la producción de material de explotación sexual de menores, especialmente en la internet oculta, y el aprovechamiento de plataformas legales en línea para cometer delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

El último ámbito es el de las actividades transversales que facilitan la actividad criminal en internet. En este sentido, los objetivos son las personas relacionadas con plataformas de compraventa ilícita en la internet oscura; los proveedores de soluciones para anonimizar o alojar páginas o espacios de internet de forma ilícita; los servicios de transferencia de dinero negro o de blanqueo de dinero, y los delincuentes que facilitan el uso irregular de monedas virtuales como los bitcoins.

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